“La última dictadura marcó una bisagra en la historia argentina”

El 24 de marzo de 1976, los argentinos y las argentinas amanecieron con el Comunicado N° 1 de la Junta Militar en el que se indicaba que a partir de esa fecha el país se encontraba bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF.AA. y se recomendaba a la población “el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones”.

Al igual que había sucedido con los dos gobiernos de facto anteriores –la Revolución Libertadora (1955-1958) y la Revolución Argentina (1966-1973)-, la dictadura iniciada aquel día se daba un nombre que delataba el volumen de sus ambiciones: Proceso de Reorganización Nacional.

“Creo que los aniversarios del golpe del 24 de marzo de 1976 son momentos para detenerse a pensar sobre lo que ocurrió y sobre cómo lo que ocurrió influye en lo que está pasando ahora, algo así como parar un poco y mirar”, afirma Paula Canelo, investigadora del CONICET en el Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA, CONICET-UMET) y profesora de la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires.

Además de varios artículos en revistas especializadas, Canelo ha publicado dos libros de investigación sobre la última dictadura argentina:  El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone (2008) y La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983). A 40 años del golpe de Estado (2016).

Para la investigadora, la última dictadura produjo una bisagra en la historia de la sociedad argentina: “La idea de bisagra es muy importante para entender qué fue lo que pasó. En el sentido de que marcó el cierre de un ciclo histórico y abrió uno nuevo en el que todavía estamos viviendo. Hay cuestiones actuales que tienen su inicio durante la dictadura del 76”, señala.

A la hora de indicar qué procesos que atraviesan a la sociedad argentina tuvieron origen durante los años del último gobierno de facto y, de alguna forma, continúan manifestándose en el presente, Canelo destaca tres: el aumento del individualismo, la derechización y una creciente preferencia por la desigualdad. “Se trata de procesos lentos, progresivos, con altibajos, y que en algunos momentos se manifiestan con mayor claridad que en otros”, aclara.

Las Actas Secretas y la autonomía de la cuestión política en la última dictadura

En su último libro sobre el gobierno iniciado en marzo de 1976, Canelo se vale de un corpus documental muy poco explorado: las Actas Secretas de la Dictadura (ASD), compuesto por 280 actas que registran todas las reuniones de la Junta Militar (JM), máximo órgano soberano del Proceso, entre julio de 1976 y noviembre de 1983. Estas actas tenían un carácter secreto y fueron elaboradas a modo de registro burocrático de la actividad formal de la Junta y para conocimiento exclusivo de los tres miembros de la JM y los Secretarios Generales de las tres Fuerzas Armadas (FF.AA.), y, en ocasiones, el Presidente de la Nación.

Las ASD fueron encontradas en el Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea en 2013, en el marco de tareas de mantenimiento y limpieza, y luego fueron sistematizadas y digitalizadas por la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación. Hoy, las actas se encuentran disponibles en internet para cualquiera que desee revisarlas.

El análisis exhaustivo de las ASD, junto con el de los llamados Planes Políticos (documentos reservados producidos las más altas esferas del gobierno militar, entre 1976 y 1979), le permitió a Canelo mostrar el devenir del Plan Político de la dictadura, cuya historia no había podido ser reconstruida hasta el momento. Así, pudo establecer un contrapunto con lo que ella considera el mainstream de sentidos sobre la dictadura que se construyó en las últimas décadas. Ese mainstream anuda una interpretación del Proceso en ´clave economicista’ con la idea de que se debe jerarquizar la responsabilidad de los cómplices civiles por sobre la de los militares.

“Por un lado, existe una idea de que el rol jugado por los cuadros civiles del gobierno de la dictadura y sus aliados (el poder económico concentrado, los vínculos internacionales de Martínez de Hoz) son la clave ultima para entender la dictadura. Pero esta lectura se olvida de que, en realidad, de todas las dictaduras argentinas, e incluso si se la compara con otras contemporáneas que hubo en América Latina, el Proceso fue la más militarizada. Los principales órganos de decisión, como la JM, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, los ministerios más importantes (como Interior y Trabajo), y, en un primer momento, las gobernaciones y muchas intendencias estaban a cargo de militares”, destaca Canelo.

En este sentido, para la socióloga, la noción de “dictadura cívico-militar”, si bien es muy productiva simbólicamente, políticamente y, sobre todo, judicialmente, porque subraya que en complicidad con los militares hubo civiles que también deben ser juzgados por los crímenes cometidos, no debe confundirse con que se haya tratado empíricamente, concretamente, de una dictadura donde los civiles fueron más poderosos, determinantes o influyentes que las Fuerzas Armadas.

La otra interpretación que forma parte de lo que Canelo llama el mainstream de los sentidos sobre la dictadura es la que considera al factor socioeconómico como la llave interpretativa última para poder entender la experiencia dictatorial. “Bajo esta mirada, se considera que el Proceso fue lisa y llanamente un proyecto llevado adelante por la clase dominante argentina para implantar un nuevo modelo económico y que ese fue el objetivo fundamental al cual se subordinaron todos los demás propósitos, tanto políticos como represivos. En La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983) muestro que esto no fue así”, afirma la investigadora.

Aunque Canelo no subestima la importancia que tuvo el plan económico de Martínez de Hoz, ni las gestiones de los ministros de economía que lo sucedieron en la agenda de la dictadura, cree que si no se consideran de manera autónoma los ambiciosos objetivos políticos de carácter refundacional de distintas facciones y grupos que componían la dictadura (plasmados tanto en las ASD como en los Planes Políticos), no se puede comprender cabalmente esta experiencia. “Si recurrimos a la expresión de Hannah Arendt, la mera consideración de la agenda económica y del rol de los civiles en la última dictadura no nos permiten responder a preguntas fundamentales como ‘¿qué ha sucedido?’, ‘¿por qué sucedió?’ y ‘¿cómo ha podido suceder?’”, afirma Canelo.

Por el contrario, para la investigadora, lo que la revisión de los documentos permite ver es que la mayor parte de los grupos y subgrupos que integraron el Proceso y que apostaron a provocar cambios profundos en la sociedad argentina, aprovechando el contexto que les daba la posibilidad de implantar una dictadura militar tan feroz, veían a la agenda y a los objetivos económicos liberales más como un obstáculo que como el faro que debía guiarlos.

De acuerdo con Canelo, los objetivos políticos refundacionales que se planteó la dictadura, y que no pudo alcanzar, fueron tres. En primer lugar, la transformación de las élites políticas y sindicales argentinas. “Bajo una mirada muy antiperonista y muy antipopulista la propuesta era debilitar y reemplazar a las elites políticas y, sobre todo a las sindicales, tradicionales. Para ello, apostaron a crear una nueva fuerza, el Movimiento de Opinión Nacional”. En segundo lugar, la gestación de nuevas dirigencias locales o municipales que luego se pudieran proyectar a nivel nacional, y por eso el nivel de gobierno municipal fue tan importante durante el Proceso. Por último, la idea de reformar la Constitución Nacional para crear un supra órgano de gobierno que controlara a los otros tres. “Un ´Poder Corregidor’, le llamaban, formado por notables civiles y militares, que serían los tutores del freno al populismo, que no estarían sujetos a elecciones, sino que serían designados por las FF.AA. Desde el principio, la dictadura argentina tuvo objetivos extremadamente ambiciosos que no logró cumplir”, agrega la investigadora.

La íntima relación entre los objetivos políticos y los represivos

De acuerdo con Canelo, los objetivos represivos de la última dictadura, a diferencia de lo que suele considerarse, se encuentran intrínsecamente vinculados a los objetivos políticos.

“Hay que tener en cuenta que, a pesar de su imagen monolítica, el gobierno del ciclo 1976-1983 se encontraba muy balcanizado, no solo entre las distintas fuerzas, sino también entre distintitas corrientes al interior de cada una de las FF.AA. En este contexto, la denominada ‘lucha antisubversiva’ y lo que yo llamo el ‘consenso antisubversivo’ era lo que lo que permitía mantenerlos unidos. Este consenso implicaba la legitimación de métodos excepcionales, por fuera de las reglas de la humanidad –como la implementación del terror de Estado o la construcción de centros clandestinos de detención y la comisión de crímenes aberrantes-, para resolver una situación que también se consideraba excepcional; y debía colocarse por encima de cualquier otra consideración ética o moral”, explica la socióloga.

Pero para Canelo la lucha antisubversiva no constituía solamente un recurso de cohesión interna, sino también de legitimación social, porque las FF.AA. eran las únicas que podían presentarse como un actor “eficiente” para derrotar a un enemigo –una amenaza- como el que se había construido en los escenarios previos al golpe, basado en la asociación entre peronismo y subversión.

“Un problema muy serio que debe enfrentar la dictadura es que hay un desfasaje entre los tiempos de estos dos juegos de legitimación que cumple la lucha antisubversiva. Por un lado, ese consenso se va afianzando internamente como consecuencia de que es el único plano en el que los militares pueden reclamar ‘éxito’ y ‘eficiencia’, dado el desastre económico derivado del plan de Martínez de Hoz y la demora en el cumplimiento de los objetivos políticos. Este consenso interno es tan poderoso que se va a mantener incluso después de la dictadura. Pero, al mismo tiempo, la legitimidad social que otorgaba esta lucha se agota muy rápido, no se puede prolongar mucho tiempo, porque las Fuerzas Armadas necesariamente tienen que mostrarle a la sociedad argentina su siniestra ´eficiencia’ en el aniquilamiento del enemigo. Es un recurso central, pero contiene una trampa”, explica Canelo.

Para la investigadora, el progresivo abandono de los objetivos políticos por parte la última dictadura argentina se jalonó en tres acontecimientos fundamentales, no muy vinculados entre sí por los estudios académicos: 1) la renuncia del grupo encabezado por el general José Villarreal (muy cercano a Videla), denominado por la autora como “politicista” y al frente de los vínculos con la dirigencia política, a sus cargos en la Secretaría General a de la Presidencia (SGP) a fines de 1978, 2) la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Argentina en septiembre de 1979 y 3) la derrota en la Guerra de Malvinas. “Esta derrota vergonzosa es el golpe de gracia para la dictadura, porque la vulnera políticamente: les quita la última posibilidad de presentarse ante la sociedad argentina como ´Fuerzas Armadas victoriosas´. Los muestra como lo que son, militares derrotados incluso en la tarea reconocida legítimamente para ellos, el desempeño exitoso en la guerra contra otros estados”, concluye.

Para consultar las Actas Secretas de la Dictadura haga click en el enlace.