Especial INCIHUSA: Las ciencias y el debate público ambiental

Por: Facundo Martín (Investigador Asistente CONICET)

Recientemente hemos experimentado un nuevo ciclo de protestas ambientales. Los temas y focos de las protestas han ido cambiando desde la energía nuclear a las pasteras, de las fumigaciones aéreas y la expansión del agronegocio y la minería a cielo abierto hasta las más recientes controversias sobre la fractura hidráulica o fracking.

Este ciclo de protestas se relaciona con procesos más generales como: la creciente demanda de productos provenientes de estas actividades, las fluctuaciones de sus precios globales, los avances y disponibilidad de tecnologías para su obtención y procesamiento y, las regulaciones estatales más o menos efectivas. En su conjunto, estas actividades implican un aumento de la presión sobre el territorio y algunos recursos naturales en particular con consecuencias notables para el ambiente así como para diversos pueblos y comunidades (pastores, campesinos, indígenas, artesanos, agricultores, pescadores artesanales, etc.). Al cabo de este ciclo de protestas el debate público y privado sobre las cuestiones ambientales se ha politizado.

Una controversia socio-técnica aparece cuando distintos grupos sociales (vecinos, empresas, gobiernos, expertos, etc.) mantienen un desacuerdo público respecto de las implicancias sociales y/o ambientales de alguna actividad extractiva, como por ejemplo, la extracción de litio con determinada tecnología y en determinado lugar.

Pero este proceso de politización, lejos de ser comprendido y vivido como parte de la necesaria deliberación social en torno a proyectos más o menos convenientes, sus riesgos y beneficios, parece incomodar -a veces mucho- a algunos de sus actores centrales. Solo así se entienden las feroces reacciones por parte de las industrias y gobiernos frente a los cuestionamientos de ciertas actividades. Se intenta entonces simplificar y clausurar el necesario debate público etiquetando a quienes cuestionan como “enemigos del progreso”, “fanáticos del atraso”, “ecoterroristas”, “ignorantes”, entre otros calificativos. Pareciera que la única vía posible es reponer una historia de héroes y villanos argumentando la necesidad de “informar correctamente a la población” al mismo tiempo que se apela al “debate racional” basado en estudios y evidencia científica de manera tal de “dejar de lado las ideologías”.

En este escenario aparecen nuestros actores centrales: la ciencia y los expertos. Las más de las veces y frente a la estrechez de miras sobre el debate público se convoca a “la ciencia” para que racionalice y dictamine sobre la controversia en cuestión. El punto es que las ciencias tienen una historia controvertida también. Como sostiene Ana María Vara “cuando nos encontramos frente a una controversia, la mayor parte del conocimiento necesario es producido por el polo promotor, es decir, por los actores interesados en fomentar tal o cual tecnología”. (Vara, 2018). Pero además las ciencias no están ni por encima ni por fuera de las controversias… y, en tanto esto, no pueden ser ni el único ni último juez. Mal que nos pese estas son decisiones políticas acerca de proyectos con implicancia social y ambiental que deben ser tomadas de modo informado y debatido y, fundamentalmente, asumiendo los riesgos y consecuencias de estas decisiones.

La economía, la ecología, la geología, son ciencias que pueden producir conocimiento pero este no está exento de contextos e intereses. El mundo de las ciencias también está habitado y condicionado por contradicciones éticas y políticas, por oportunidades y deseos, por expectativas y posibilidades. En particular las llamadas industrias extractivas han invertido dinero crecientemente en la producción de conocimiento científico interesado para tal o cual desarrollo. Esto no lo hace falso o inválido sino que tiene una intencionalidad adicional de favorecer, habilitar, legitimar, dar sustento a aquel proyecto en particular.

Pero el dilema entre las ciencias, la política y la sociedad se hace más grande y riesgoso aún cuando presenciamos una construcción activa del no-conocimiento o agnotología.

Este es un concepto relativamente reciente que ha cobrado interés dentro de la historia de la ciencia y sirve para comprender la activa producción de ignorancia que se realiza por medio de políticas deliberadas con el objetivo, muchas veces, de desinformar a la población. Al respecto Robert Proctor investigó el caso de la relación tabaco-cáncer, particularmente a partir de la actuación entre Phillip Morris y un grupo de expertos.

Desde mediados de siglo XX fue creciendo la evidencia certera de que el consumo de cigarrillos de tabaco aumentaba sensiblemente la propensión al cáncer de pulmón. Frente a esto las compañías tabacaleras invirtieron mucho dinero para producir un conocimiento específico para desviar la atención de esa relación causal al tiempo que comienzan una campaña para exigir “ciencia robusta” (sound science) logrando una dilación de la regulación por un buen tiempo. Eso es una producción activa de des-conocimiento. Las grandes empresas petroleras han venido haciendo algo similar frente al fenómeno del cambio climático y, más recientemente, las multinacionales del agronegocio y de la minería también.

Paralelamente, entre las ciencias sociales y el activismo ambiental se ha desarrollado un amplio repertorio crítico de conceptos y procesos que permiten comprender más acabadamente estos problemas. Así las nociones de: lenguajes de valoración, umbral de riesgo, modernidad reflexiva, optimismo tecnológico, irreversibilidad, incertidumbre, entre muchos otros, tienen mucho para aportar al debate público sobre los conflictos ambientales en general y en particular acerca del tipo de conocimientos que se ponen en juego en estas controversias.

Como investigadores e investigadoras de universidades e instituciones públicas tenemos la responsabilidad de contribuir a informar estas controversias desde las ciencias. Probablemente sea necesaria una mayor toma de conciencia pública respecto de las funciones sociales que debemos desempeñar, especialmente cuando la “carga de la prueba” recae sistemáticamente sobre grupos, pueblos y comunidades que no disponen de recursos económicos para invertir en la producción y difusión de su conocimiento.

Bibliografía:

Vara, Ana María (2018) El precio del progreso. Entrevista de Pablo Esteban. Disponibleen https://www.pagina12.com.ar/149260-el-precio-del-progreso